El Miedo de AvaTrade al Sumario de Bilbao: Las 22 Pruebas Bloqueadas, la Amenaza al Letrado y el Veto a la Audiencia

1. El Bloqueo de las 22 Pruebas: Un Rechazo en Masa Carente de Motivación (AVATRADE SUMARIO BILBAO)

El 10 de junio de 2026, el instructor dictó un auto inadmitiendo en bloque las 22 fuentes de prueba pericial y documental presentadas por la acusación particular de Francisco Gómez González. El auto despachó meses de investigación técnica argumentando genéricamente que «se presentan escritos, resoluciones, querellas, conversaciones, extractos y negociaciones que hacen difícil apreciar la utilidad», invocando de forma restrictiva el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Frente a esta resolución, el letrado D. Óscar Andrada Baños y el procurador D. Antonio Infante Otamendi interpusieron el 1 de julio de 2026 recurso de reforma y subsidiario de apelación, denunciando una infracción frontal del artículo 24 de la Constitución Española:

• Quiebra del deber constitucional de motivación: No se realizó un examen individualizado de ninguno de los documentos aportados, ignorando que el estándar de la fase de instrucción no exige una prueba de cargo definitiva, sino la constatación de la utilidad indiciaria de la notitia criminis.
• Indefensión material: Se apartaron de un plumazo atestados del Grupo 31 de la UDEF, requerimientos sobre los test de idoneidad MiFID II, transferencias transnacionales hacia entidades en las Islas Vírgenes Británicas y la confesión de la propia mercantil en una querella interpuesta en Murcia.

2. El Pánico al Documento 6: Coacciones Deontológicas para Tapar la Oferta del 78%

El 10 de julio de 2026, la defensa de AvaTrade presentó su escrito oponiéndose al recurso de reforma. Si bien pretendían descalificar todo el dossier calificándolo de «cuestiones civiles», el análisis pormenorizado de su escrito evidencia dónde radicaba su verdadera preocupación: el Documento N.º 6, relativo a las negociaciones extrajudiciales y borradores transaccionales.

La incorporación de estas comunicaciones no perseguía una vulneración formal, sino acreditar un hecho procesal determinante:

1. La oferta económica real: A través de las conversaciones mantenidas en 2022 con la anterior dirección letrada de las víctimas, la multinacional estuvo dispuesta a abonar el 78% de las cantidades reclamadas, exigiendo como condición sine qua non el borrado íntegro de la plataforma web de afectados y el desistimiento de las acciones judiciales.
2. El falso «conocimiento extraprocesal»: Cuando la empresa comprobó que el dominio estaba registrado únicamente a nombre de Francisco Gómez González, intentó arrebatarlo denunciando ante la OMPI en Ginebra (donde fue derrotada) y querellándose en Murcia. Al fracasar la coacción, se personó voluntariamente en Bilbao afirmando haber tenido un oportuno «conocimiento extrajudicial» de la querella. Ocultaron al juez que dicho conocimiento derivaba directamente de las negociaciones de silenciamiento que mantenían con los perjudicados.
3. El domicilio inlocalizable ante la CNMV: Se personaron de forma espontánea porque sabían que las notificaciones judiciales ordinarias nunca llegarían a su sede oficial registrada en la CNMV: una dirección incompleta en Dublín (Five Lamps Place, Amiens Street) sin número de edificio, idéntica trampa que motivó que el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Castellón declarara a AvaTrade en rebeldía procesal en el Juicio Verbal 738/2022.

3. La Maniobra del 1 de Octubre: El Intento de Censurar los Particulares ante la Sala

Tras admitirse a trámite el recurso de apelación subsidiario respecto a la inadmisión de la prueba, el juzgado dictó providencia el 22 de septiembre de 2026 confiriendo un plazo de cinco días a las partes personadas para formular alegaciones y designar testimonios particulares.

En cumplimiento de dicho trámite, la acusación particular designó los documentos que debían acompañar obligatoriamente al recurso para ilustrar a la Sala. La respuesta de AvaTrade el 1 de octubre de 2026 constituyó un nuevo intento de mutilar el expediente:

4. El Fracaso del Veto: La Ley Procesal Protege la Integridad del Testimonio

La pretensión corporativa de seleccionar qué documentos debe examinar la Audiencia Provincial carece de todo fundamento con arreglo al artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

• No existe el derecho de censura procesal: El recurrente ostenta la potestad legal inalienable de señalar todos los extremos que considere pertinentes para que el órgano ad quem conozca el contexto completo. La contraparte puede solicitar la adición de otros particulares, pero jamás vetar o mutilar los propuestos por la acusación.
• El auto es de la propia Sala: Pretender que la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia sufra «indefensión» o un «efecto sorpresa» por leer un auto dictado por sus propios magistrados en el Rollo 686/2025 de estas mismas diligencias resulta un disparate técnico que roza la temeridad procesal.
• Unidad documental inquebrantable: La solicitud del oficio a la CNMV quedó incorporada telemáticamente como Anexo N.º 3 en el escrito registrado ante los tribunales, formando un cuerpo indisoluble que el Letrado de la Administración de Justicia no puede desmembrar.