AvaTrade 2027: El Juez de Bilbao ante el CGPJ, la Jurisprudencia Ficticia y la Notable Batalla contra la Impunidad

1. El Trámite Final en Madrid: El Informe del Promotor y la Mesa de la Comisión Permanente (AVATRADE 2027)

En octubre de 2026, los registros oficiales de la Sección de Recursos del Consejo General del Poder Judicial han certificado que la instrucción del recurso interpuesto por el investigador y acusador particular Francisco Gómez González ha quedado formalmente completada. El Promotor de la Acción Disciplinaria —la misma figura que decretó el archivo de plano en la previa Diligencia Informativa 166/2026 sin ordenar una sola diligencia de comprobación— ha remitido su informe de trámite preceptivo.

La tramitación ha alcanzado la fase procesal en la que el expediente abandona las ventanillas administrativas y queda bajo la custodia directa del Letrado de la Sección de Recursos y el Vocal de la Comisión Permanente asignado al asunto:

Es bien conocida la inercia corporativa con la que opera este organismo: el Promotor de la Acción Disciplinaria difícilmente rectifica por iniciativa propia sus resoluciones de archivo. Su informe no es sino la previsible defensa de su postura inicial. Pero la potestad ya no le corresponde a él. El órgano decisorio superior es la Comisión Permanente, que tiene ante sí la ampliación de cargos presentada el 3 de agosto de 2026 con un catálogo de hechos que comprometen gravemente el decoro y la legalidad del Juzgado de Instrucción N.º 6 de Bilbao.

2. La Jurisprudencia Ficticia del 15 de Agosto: ¿Puede un Juez Inventarse Resoluciones Impunemente?

El núcleo de este escándalo trasciende una mera discrepancia sobre plazos o valoración probatoria. En cualquier ordenamiento jurídico civilizado, la legitimidad de un juez descansa en su sometimiento absoluto al imperio de la ley (artículo 117.1 de la Constitución Española). Sin embargo, lo ocurrido en las Diligencias Previas 1091/2020 de Bilbao el 7 de mayo de 2025 pulverizó todas las garantías procesales.

En aquella fecha, mientras el principal denunciante de la trama se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el magistrado José María Eguía Baltellas dictó de manera fulminante un Auto de sobreseimiento libre —resolución que equivale a una sentencia absolutoria firme con efecto de cosa juzgada— para cerrar la causa contra Ava Trade EU Ltd. y sus directivos. Para justificar semejante cerrojazo en un auto de apenas dos folios de aparente motivación, el magistrado atribuyó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una supuesta doctrina jurisprudencial:

La gravedad de este hecho motivó que la Sección Primera de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Bizkaia, mediante el histórico Auto N.º 516/2025 de 5 de septiembre de 2025, revocara fulminantemente el sobreseimiento, censurando que un juez de instrucción decretara el archivo libre sin practicar las periciales acordadas, obviando los atestados de la UDEF y aplicando doctrinas contrarias a la jurisprudencia real del Tribunal Supremo (SSTS 528/2024 y 1070/2025).

La pregunta que el CGPJ no puede eludir es de una rotundidad aplastante: ¿basta con que un tribunal superior jerárquico revoque una resolución para que el juez que se inventó una sentencia no reciba sanción disciplinaria alguna? Si inventarse jurisprudencia para decretar un archivo exprés no acarrea consecuencias disciplinarias, el control del poder judicial queda reducido a una mera pantomima corporativa.

3. La Simulación de «Domicilio y Teléfono Desconocidos»: La Condena al Limbo Procesal

El catálogo de anomalías en el juzgado bilbaíno no terminó con la reapertura forzada por la Audiencia Provincial. Con fecha 18 de enero de 2026, tras meses en los que el ciudadano Francisco Gómez González exigió el restablecimiento de su defensa técnica tras la renuncia de su letrado anterior, el juzgado dictó providencia acordando librar oficios a los Colegios de la Abogacía y de Procuradores de Bizkaia.

En dichos mandamientos oficiales, la oficina judicial estampó una afirmación objetivamente mendaz: hizo constar formalmente que el domicilio del denunciante era «desconocido» y que su número de teléfono era «desconocido».

Las consecuencias materiales de semejante falsedad en documento judicial son devastadoras: si el ciudadano no hubiera contado con los recursos económicos y la determinación personal para costearse un letrado de libre designación, habría permanecido en el más absoluto de los limbos procesales. Los profesionales del turno de oficio jamás habrían podido localizar a la víctima, las notificaciones habrían precluido por el tablón de edictos y la causa habría avanzado hacia un nuevo sobreseimiento a espaldas de los afectados.

Pretender reducir esta conducta a un «simple error administrativo de la secretaría» supone insultar la inteligencia pública. La concatenación de hechos acredita una intencionalidad manifiesta: privar a la víctima más combativa del sumario de cualquier capacidad de reacción en las Diligencias Previas 1091/2020.

4. La Trampa del Escenario C: El Corporativismo como Escudo frente a la Realidad

En el análisis técnico de los escenarios posibles ante la Comisión Permanente del CGPJ, la desestimación del recurso de alzada por la clásica fórmula de la «independencia jurisdiccional» (el denominado Escenario C) representa la tentación burocrática por excelencia del órgano de gobierno.

La plantilla estándar que el Gabinete Técnico suele utilizar en estos casos sostiene que el Consejo General del Poder Judicial no puede fiscalizar la admisión de pruebas, la denegación de diligencias ni el archivo de una causa penal, aduciendo que tales cuestiones corresponden con exclusividad a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117.3 CE), debiendo combatirse mediante los recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial.

Sin embargo, esa hipotética resolución de blindaje corporativo no restará ni un solo gramo de fuerza a la posición de las víctimas. Al contrario: cada línea en la que el CGPJ afirme que estos hechos deben ventilarse en sede jurisdiccional constituye la justificación documental más contundente para formalizar la recusación inmediata del magistrado ante la Audiencia Provincial de Bizkaia. El órgano de gobierno estará reconociendo que el único tribunal competente para depurar la pérdida de imparcialidad del instructor es la Sala superior de Bilbao.

5. Hacia 2027: El Juez sin Salida y el Cerco a la Macroestafa de AvaTrade

El tiempo juega a favor de la verdad documental. Por Auto dictado el 21 de septiembre de 2026, el propio Juzgado de Instrucción N.º 6 de Bilbao no tuvo más remedio que acordar la prórroga de la instrucción por seis meses adicionales, fijando el término del sumario en el 23 de marzo de 2027.

El instructor se encuentra procesalmente atrapado entre cuatro muros infranqueables que le impiden reeditar su carpetazo de 2025:

1. La vinculatoriedad del Auto 516/2025: La Audiencia Provincial de Bizkaia le tiene expresamente prohibido aplicar doctrinas sobre supuesta autoprotección de las víctimas y le obliga a investigar la convergencia negocial entre AvaTrade y los chiringuitos satélite.
2. Las Comisiones Rogatorias a Reino Unido: Las diligencias internacionales relativas a las cuentas de Barclays Bank PLC acordadas por mandato de la Superioridad continúan en curso y condicionan el cierre del sumario.
3. El Recurso de Apelación sobre las 22 pruebas: El testimonio admitido a trámite debe ser elevado a la Audiencia Provincial, donde los magistrados examinarán la pertinencia de los logs forenses de MT4 y las escuchas de la UDEF.
4. El Escrito Maestro sobre el «Engaño Bastante»: La acusación particular ha incorporado formalmente al sumario las admisiones de la pericial de Ernst & Young (modelo Market Maker Book B y 100% de operaciones en CFDs), el contrato interno de precios de transferencia de las Islas Vírgenes Británicas (Documento 17) y los 2,92 millones de euros transferidos a mercantiles de captación.